Días de limpieza

Dijo Amadeo I de Saboya antes de abdicar como monarca y marchar a Lisboa, que este país es ingobernable. Y aunque las tensiones sociales actuales difieren mucho en cantidad de las de entonces, actualmente no es por una intensa agitación social como ocurría en aquella época o en vísperas de la Guerra Civil, sino por estar gobernados por una pandilla de inútiles, parásitos y corruptos.

En aquel periodo revolucionario entre 1936 y 1939, los trabajadores se echaron a la calle a defender las colectividades arma en mano, de la ofensiva del fascismo, para defender todas las mejoras conseguidas en años y años de lucha y sangre, e ir más allá y superar ese dogma absoluto que es el Estado. Fueron aniquilados por los fascistas, realizando una carnicería de inmenso calibre. Estos se mantuvieron a lo largo de 40 años de franquismo a través de un régimen autocrático y católico denominado “Movimiento Nacional”, cuyas bases eran el partido único, el sindicato corporativista vertical, otras organizaciones como el Frente de Juventudes o el Auxilio Social, el militarismo y la exaltación tradicionalista.

Después del aislamiento del principio, fue apoyado por EE UU en los años 50, tras la caída de los fascismos europeos y con el comienzo de la Guerra Fría, lo que llevó al abandono del aislamiento, y a abrirse al capitalismo a través de un aperturismo progresivo.
Estas circunstancias económicas y políticas internacionales fueron el germen del modelo político de transición democrática, con la ayuda de todos aquellos falangistas y demás alta burguesía cuyo único interés es ampliar sus capitales, poseer más y no tener tantas limitaciones a la hora de especular.

La Transición española
La Transición se realizó dentro una profunda crisis económica con una alta tasa de desempleo, una fuerte agitación del fascismo no renovador con continuas amenazas de golpe de Estado y la violencia constante en la calle por parte de grupos de ultraderecha, así como de organizaciones independentistas o autoritarias. El proceso se desarrolló mediante la legalidad franquista vigente a través de la Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977), que fue aprobada por las Cortes y sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, y por la cual se convocarían elecciones generales, se crearía un sistema bicameral (Congreso y Senado) y se legitimaría el proceso mediante un referéndum.

Mediante el Real Decreto Ley 20/1977 del 18 de marzo se instauró el sistema D’Hont, el 13 de junio de 1977 se desarrollaron las primeras elecciones generales, saliendo representados los partidos Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Comunista de España (PCE), Alianza Popular (AP), y varios partidos nacionalistas.

Los diversos representantes comenzaron entonces un proceso de negociación de una constitución a través del consenso (para dar estabilidad al proceso político), que llevó a la aprobación de la propuesta por el Congreso y el Senado. El 6 de diciembre de 1978 se realizó el referéndum ganando el sí por mayoría, no siendo apoyado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), por obviar su reclamación histórica de los fueros Vascos y Navarros y un tipo de soberanía distinta al conjunto del Estado. Esta carta magna define a España como un Estado social y democrático de derecho con un régimen político en forma de monarquía parlamentaria descentralizada.

Vacío de ideología de partidos
Es de vital importancia para el nuevo sistema político y el fortalecimiento del capitalismo, el destruir cualquier tipo de ideología que intente superar la democracia representativa y el capitalismo. La mejor manera de hacerlo es vaciar de contenido cualquier tipo de ideología que salga de las pautas pactadas.
El PSOE en su congreso extraordinario de Madrid de 1979, bajo el lema “Forjando el Socialismo”, abandonó el marxismo como ideología oficial, pasándolo a un plano secundario y obsoleto, o, como lo denominaron, instrumento teórico, crítico y no dogmático, adoptando una ideología cercana a la socialdemocracia, estructurándose de manera federal.
El PCE realizó el IX Congreso, el más vergonzoso de su historia. Abandonó el leninismo, apoyando la figura de la monarquía, y adoptó como suya la bandera monárquica. Más tarde hubo una ola constante de expulsiones y luchas internas entre renovadores, leninistas y carrillistas. Después, los carrillistas son expulsados y se pasan al PSOE. Su deriva actual gira en torno al “eurocomunismo” y la socialdemocracia.

El gran pacto de la paz social.
Los Pactos de la Moncloa
Los Pactos de la Moncloa (Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política) fueron sendos pactos firmados el 25 de octubre de 1977, en medio de una fuerte conflictividad social, entre el gobierno de Adolfo Suárez (UCD), los principales partidos políticos con representación parlamentaria antes mencionados, las asociaciones empresariales y el sindicato CC OO. Más tarde se uniría la UGT. Su objetivo no es más que procurar la estabilización del proceso de transición y adoptar una política económica determinada que contuviese la enorme inflación de entonces y la salida de la crisis económica y social.
El único sindicato que se negó a firmarlo fue la CNT, por coherencia con su postulado ideológico y su finalidad comunista libertaria, lo que conllevó un tremendo montaje policial (caso Scala), su posterior división, y el surgimiento de otra organización que sí aceptaría las nuevas “reglas del juego”.
Así pues, se garantizó la paz social entre las clases sociales, y la consagración de la Constitución Española, la cual refuerza la sacrosanta propiedad privada y la dependencia del sindicalismo del propio, y su posterior conversión en enormes gestoras profesionalizadas de conflictos, que se desenvuelven en un entorno laboral cada vez más complejo, así como en lo que se denomina agentes sociales orientados a fortalecer la paz social.

La España de la democracia
Un pueblo feliz de haber conseguido una cierta estabilidad política y social, un poco de miedo infundido orquestando un golpe de Estado (23-F de 1981), el cada vez mayor distanciamiento del pueblo de la política a la hora de delegar su responsabilidad social y económica en elecciones parlamentarias o laborales, la pérdida de interés por el asociacionismo, la búsqueda del asistencialismo en el Estado, el aniquilamiento de cualquier tipo de organización e ideología coherente que quisiese superar el capitalismo o intentase crear un poco de agitación, han sido las claves para que la política y la economía se eliticen en manos de unos pocos que creen tener la potestad de administrar a los demás.

Así pues, la grata costumbre española del enchufismo y la corrupción se ha hinchado, multiplicando la casta de vagos y parásitos del Estado que no producen nada de nada en su día a día, pero que reciben sueldazos de júbilo, hacen concesiones económicas a empresas de amigos o familiares, o dan retiros a costa de todos aquellos que día a día tenemos que ir a nuestro puesto de trabajo y a enriquecerles a ellos y a los empresarios que se lucran de nuestra producción. No hay color político, PP, PSOE, IU, CC OO, UGT y la Iglesia católica son los gestores del capitalismo y los responsables directos.

Muchos carniceros de la transición, protagonistas de montajes políticos y asesinatos, tienen puestos políticos, y en las administraciones de Interior o Defensa, o retiros de lujo. Como el caso de Emilio Hellín Moro, asesino de Yolanda González, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), actualmente con un alto cargo en el Ministerio del Interior.

Tenemos multitud de políticos mediocres que, mientras van escalando puestos en los partidos, se dedican a colocar y recolocar a sus familiares, amigos, etc., en diversos puestos del partido, de la administración, del sindicalismo, cajas de ahorros, justicia, etc.
En todas las administraciones del Estado se han ido creando cargos y más cargos, cada cual más inútil que sus predecesores, mientras que los servicios básicos de limpieza, infraestructuras, etc., se han ido externalizando y precarizando.

El mejor ejemplo de parásito vividor actualmente lo tenemos en el personaje Ángel Carromero, cachorrito cabeza de las Nuevas Generaciones (NN GG) del PP de Madrid como vicesecretario general y presidente de NN GG del distrito de Salamanca, cuya responsabilidad era la de organizar eventos en Madrid. Fue expulsado de la Universidad Pontifica de Comillas de la carrera de Derecho y Administración de Empresas. Comenzó sus pinos como empresario con un gimnasio en el barrio de Salamanca, poco rentable y moroso con Hacienda, hasta que se desprendió de él. Le fue retirado el carnet de conducir en 2012 por 42 multas de tráfico desde 2009. Después de ser deportado de Cuba por el accidente de tráfico en el que murió un disidente, y vista su incapacidad para hacer nada socialmente útil, ha sido enchufado como asesor de una concejala en los distritos de La Latina y Moratalaz, y desde marzo de 2013 es asesor del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
Otro ejemplo de enchufismo, parasitismo y derroche lo tenemos en Ana Botella y la ciudad de Madrid. El único motivo de que esta señora sea alcaldesa de Madrid no es ni más ni menos que ser la esposa de José María Aznar. Gracias a ella y a su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, el Ayuntamiento actualmente está en el Palacio de Correos, cuya remodelación ha costado más de 500 millones de euros. Algunos lujos y caprichos son: un mayordomo cuya única función es servirle café, 260 asesores personales y altos cargos que cobran de media 60.000 euros o 267 coches oficiales para uso personal. En una ciudad como la de Madrid, en la que existen más de 258.000 personas desempleadas, con más de 15.000 jóvenes menores de 25 años en paro, según las estadísticas oficiales, donde la mitad de estas personas carecen de recursos o ayudas (no se sabe cómo afrontarán sus gastos), y en la que los recortes y privatizaciones en materias de servicios sociales es descomunal (en 2013 el presupuesto de lucha contra el paro del Ayuntamiento bajó 17 millones de euros, un 17,8 por 100, y el presupuesto de la Agencia para el Empleo bajó a los 27 millones, desde los 43,7 millones).

Gracias al escándalo de la contabilidad secreta del PP, a raíz del “caso Bárcenas”, se ha demostrado cómo este partido hace trato de favor con ciertas empresas: en forma de cesión y ejecución de contratos públicos, leyes a medida, amnistías fiscales, inestabilidad laboral o reducción de personal a cambio de jugosas comisiones, tanto al partido como a sus miembros durante más de 20 años, así como conceder puestos de directivos a los que se retiran. Estos sobresueldos salpican a la presidencia de José María Aznar poco después de llegar a La Moncloa, Mariano Rajoy, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, Álvarez Cascos, etc. Entre las empresas encargadas de aportar las comisiones destacan Sacyr Vallehermoso, OHL, Constructura Hispánica, Cedesa o Mercadona. Así otras organizaciones ligadas al PP, como Basta Ya o el portal Libertad Digital, también reciben suculentos ingresos de esta contabilidad, asegurando su máxima docilidad.

No podemos olvidarnos de la otra cara de la misma moneda: el PSOE, IU y los agentes sociales CC OO y UGT. Estos, aparte de las enormes subvenciones que da el Estado, reciben suculentos beneficios gestionando la desgracia del trabajador. La reconversión industrial, con su consiguiente desmantelamiento de la industria, la temporalidad y la precariedad en la contratación, vino de la mano del PSOE, con Felipe González a la cabeza. La gestión de los “agentes sociales” CC OO y UGT, de defensa y mantenimiento de la paz social, al otro lado de la lucha de clases, trae consigo un gran muro en el que se suavizan, vacían de contenido y anulan cualquier tipo de movilizaciones, reivindicaciones, etc. Gestionan ERE en los que reciben dinero por negociar el despido de los trabajadores. En 2012, con la entrada en vigor de la nueva reforma laboral y la pasividad de los sindicatos oficiales, el número de ERE aumentó a un total de 29.958, con 406.810 personas despedidas. Incluso en varias fundaciones en las que estos sindicatos tienen asalariados, fue aplicada la reforma laboral, con ERE en los que se dejó en la calle a decenas de personas. Este método, que tan poco protege los intereses de los trabajadores, deja la puerta abierta a la plena corrupción, como en el caso de Andalucía.

El caso de los ERE de Andalucía salpica al PSOE de Andalucía, que se presenta como acusación particular para lavar su imagen. Este fraude consiste en un respaldo económico de la Junta de Andalucía tanto a empresas que se veían obligadas a presentar ERE para realizar prejubilaciones o despidos, como a los trabajadores afectados. La gestión del dinero puesto a disposición de la Junta es irregular. Se concedieron prejubilaciones fraudulentas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas, un total de 12,3 millones de euros. Se concedieron subvenciones a empresas que no estaban presentando ERE o a personas que ni siquiera crearon ninguna empresa, en un total de 73,8 millones de euros. Se dieron comisiones a intermediarios, como consultoras, abogados y los sindicatos CC OO y UGT, que llegan hasta los 68 millones.

Incluso uno de los partidos socialdemócratas que hacen gala de ser una izquierda auténtica, pero que tanto defiende el sistema, como es el caso de IU, también tiene implicación en los casos de corrupción que salpican a los sindicatos. Así, el teniente alcalde de Sevilla, de IU, fue imputado por participar en la venta del suelo de Mercasevilla (empresa fraudulenta que forma parte del conglomerado). Otro tanto se puede decir de Esquerra Unida i Alternativa (coaligada con ICV) en el gobierno tripartito , donde, desde la Conselleria de Interior -dirigida por esa fuerza política-, se llevaron a cabo auténticas salvajadas y golpes represivos constantes contra los movimientos políticos y sociales ajenos al sistema. Otros casos conocidos son el de la alcaldesa de Maldiva, de IU, que tenía 17 miembros de la lista de IU y 57 familiares directos con contratos municipales, y pagó facturas por un importe de 69.854 euros a dos empresas de su esposo, e imputada de un delito contra la ordenación del territorio.

La Iglesia católica no podía ser menos. Gracias a ese ser metafísico que dicen representar y por el cual dicen tener autoridad moral sobre toda la humanidad, el gobierno español le concede como institución más de once mil millones de euros en conceptos como asignaciones vía IRPF, exenciones y bonificaciones tributarias (IBI, impuesto de sociedades, impuestos de la renta), enseñanza, obra social y asistencial, hospitales, mantenimiento de patrimonio histórico y artístico, eventos religiosos, etc., etc. El genocidio practicado por esta institución a lo largo de los siglos se cuenta por millones de víctimas en nombre de su dios. Todos sus sacerdotes ejercen de guías morales de la población, que es adoctrinada en escuelas e iglesias a la más estricta sumisión y obediencia a través del miedo infundido por su dios y a los constantes discursos que hablan de su deber devoto y de servicio a la iglesia. La caridad de esta institución, financiada por el Estado, solo consiste en mantener y perpetuar la miseria. Su enorme influencia en la política española e internacional ha llegado a conseguir que la asignatura de Religión sea computable con otro tipo de asignaturas a través de la LOMCE del ministro ultra Wert. Los casos de corrupción y escándalos sexuales (destacando la violación de niños) de esta institución se cuentan por miles a lo largo del globo terráqueo.

Hora de tomar las riendas de nuestro destino
Actualmente, mucha gente identifica la política como una actividad turbia y despreciable. Ese sentimiento de descrédito se traslada enseguida a los políticos, quienes ocupan los puestos más bajos en las encuestas que miden la estima social de los políticos y las instituciones del Estado. Este distanciamiento de la persona de su responsabilidad económica y política en el puesto de trabajo, ha llevado a la profesionalización de la política y el sindicalismo. Así pues, la política es asunto de los políticos, como el sindicalismo es asunto de los sindicalistas, y solo a los políticos y a los sindicalistas les corresponde generalmente arreglar cuanto haga falta de los asuntos comunes, y por supuesto los particulares, porque, como resalta otro tópico que sigue justificando la profesionalización y elitización, para eso les pagamos. Así, nuestra única responsabilidad es contribuir con Hacienda y votar cuando nos digan, para que se sigan legitimando con la que debería ser nuestra responsabilidad. Por lo que todo lo que el asociacionismo ha conseguido se pierde a pasos agigantados, y por todo lo descrito anteriormente nuestra dependencia de ellos y del Estado seguirá perpetuándose y expandiéndose.

Es por esto, que es nuestro deber como individuos políticos y sociales ser los precursores del asociacionismo autónomo en las aulas, en los puestos de trabajo, en las plazas, etc., construyéndonos así como personas autónomas y únicas, fomentando la defensa y promoción de nuestros intereses de clase a través del anarcosindicalismo, construyendo una sociedad donde compartamos intereses económicos y sociales comunes con otros individuos, podremos plantearnos para qué nos sirven los obispos, los militares, los partidos políticos, los banqueros, los jueces podridos, los policías torturadores, o los sindicalistas. Nos podremos plantear para qué seguir dando de comer y mantener a toda esta panda de vagos, parásitos y vividores, y mantener las caducas estructuras de los Estados a los que se agarran.

Es hora de señalar que esta farsa de sistema democrático y el capitalismo no son más que sistemas que se han montado unos cuantos para perpetuar el poder, y acumular la riqueza por encima de las calaveras y los huesos de aquellos miles de trabajadores que asesinaron hace 77 años, sobre la sangre de todo trabajador asesinado en el puesto de trabajo, y sobre el sudor de los parados que se buscan la vida para subsistir y de los actuales trabajadores en activo.

Grupo Tierra

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