Sobre la Operación Pandora

Poco antes de las detenciones del pasado 16 diciembre en el transcurso de la Operación Pandora, la agencia Europa Press hacía público que el ministro del interior Jorge Fernández Díaz, y su homólogo chileno, Rodrigo Peñailillo  habian analizado las estrategias policiales para combatir el anarco-insurreccionalismo. Posteriormente,  el juez Javier Gómez Bermudez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la audiencia nacional, ordenaba la puesta en marcha de un «operativo» represivo y orientado a debilitar la organización anarquista en el territorio del estado español.

Así pues, el pasado 16 de diciembre por orden de la Audiencia Nacional, los Mossos detuvieron a 11 personas en el transcurso de la Operación Pandora,  que se saldó con el asalto al CSOA Kasa de Muntanya,  el Ateneo Llibertari de Sant Andreu y el de Poble Sec,  y mas de diez domicilios particulares en Barcelona,  Sabadell,  Manresa y Madrid.

La brutal actuación policial llevada a cabo a las 5 de la madrugada en la Kasa de Muntanya supuso un fuerte despliegue de medios policiales,  entre los que se contaban un helicóptero y más de 300 agentes,  y fué además un claro ataque a la intimidad de la veintena de personas allí presentes,  que esperaron la irrupción de la policía en el gimnasio de la Muntanya (no tenían nada que ocultar ni hacer desaparecer),  entre las que se encontraban varios menores y a las que se les revisaron exhaustivamente sus enseres personales e incluso sus juguetes.

Tras más de tres horas de búsqueda infructuosa los cuerpos de seguridad decidieron hacerse con diverso material del taller de electrónica, todo tipo de aparatos informáticos de uso personal y colectivo, cajas de cartón donde se almacenaban escasos e irrelevantes objetos,  papeles varios, y otras diversas «pruebas documentales».

En la nota de prensa facilitada por los Mossos a diversos medios de comunicación se afirma que el objetivo de la operación era “desarticular una organización terrorista de cariz anarquista a la que se le atribuyen varios atentados con artefactos explosivos” y que las detenciones se basaron en una supuesta “pertenencia a una organización criminal con finalidad terrorista de cariz anarquista”.

El secreto de sumario impide saber que «atentados» son esos que les imputan a estos militantes libertarios, aunque según ha afirmado el colaborador del periódico El Pais,  Alfonso L. Congostrina, se trataría de una serie de ataques a «intereses italianos» acaecidos entre 2012 y 2013, sin que hayan trascendido que ataques son los que se les imputa a estos libertarios.

Del auto judicial del juez Bermudez han trascendido diversos párrafos, llenos de valoraciones subjetivas, que parecen narrar de manera fantasiosa las supuestas intencionalidades de estas personas, sin que se detalle ni un solo hecho imputable a las mismas. Queremos destacar del auto judicial los siguientes parrafos, que ejemplifican el criterio arbitrario del juez y la laxitud de sus criterios legales.

«De la investigación de los grupos anarquistas coordinados se extrae que sus miembros pudieran ser presuntos autores de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación artesanal en todo el territorio nacional».

«Estos grupos actúan siempre de forma violenta, lanzando bengalas y petardos, incendiando contenedores, dañando el mobiliario urbano y la propiedad particular, provocando graves enfrentamientos con la Policía y agrediendo a aquel que les haga frente, imposibilitando así la convivencia normal entre ciudadanos a los que atemorizan alterando gravemente la paz pública».

En el auto se explicita además que este supuesto grupo de terroristas anarquistas guarda relación  con nuestra federacion, la FAI (Federación Anarquista Ibérica), y que además tienen «contactos con grupos de similar ideología violenta».

En cuanto al material documental y supuestamente probatorio incautado por los Mossos, se afirma en el auto que se han acumulado «decenas de indicios tanto de la unidad ideológica como de la estrategia para desestabilizar al Estado y alterar gravemente la paz pública».

A tenor de estas torpes argumentaciones,  nos gustaría decirle a su Ilustrisima Señoría que el estado ya está colapsado, que la paz pública no existe, y que no se puede imponer a golpe de sentencias y autos plagados de valoraciones arbitrarias,  y que por supuesto queremos que termine este desorden llamado estado.

No reconocemos además la existencia de ningún orden constitucional, y afirmamos que la Constitución no es más que un torpe compendio de principios pseudoéticos legalizados y ajenos a su dimensión humanista real, pues el estado ni los garantiza ni los materializa.   No sabemos si su Ilustrísima se propone defender una paz social estamental utópica que sólo existe en su cabeza,  a golpe de operaciones y autos que generan alarma social y que por supuesto son  rechazables y denunciables publicamente.

Siguiendo con la subjetividad del criterio de su Ilustrisima,  el 19 de diciembre se hacían públicas algunas declaraciones de la parte defensora de los detenidos tras valorar aquella las interlocutorías de prisión provisional. En ese sentido apuntaba el abogado Benet Salellas que:

«El juez habla de los GAC (Grupos Anarquistas Coordinados) como organización terrorista, y utiliza para probar la pertenencia de los imputados hechos como asistir a reuniones o participar en la elaboración de boletines y publicaciones de cariz propagandístico libertario».

«La resolución judicial no concreta ninguna relación de las personas detenidas con ninguna bomba concreta, con ninguna explosión, con ningún daño, ni siquiera con un triste contenedor quemado».

«Ayer después de más de sesenta horas de espera, cuando el juez acababa de firmar las órdenes de prisión le pedíamos por qué no se acumulaban a este sumario todas las otras investigaciones sobre acciones reivindicadas por grupos anarquistas. El juez Bermúdez nos respondía: No investigó los posibles atentados, yo investigo la organización y el peligro que puedan suponer para el futuro».

A nadie sorprenderá tras exponer brevemente estos contenidos del auto y las interlocutorias de prisión provisional,  que 7 de las 11 personas detenidas hayan ingresado en prision incondicional, eso sí, al parecer han tenido el detalle de no tener a estas personas incomunicadas.

Ya que se habla de los GAC,  nos preguntamos que son y de donde han salido. Es curioso el constatar que la única respuesta clara al respecto la encontremos en unas declaraciones públicas del fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza, que en octubre del pasado año decía al respecto:

«Por su parte GAC (Grupos Anarquistas Coordinados) se presentó el 17 de junio de 2012, en diferentes páginas web, como una coordinadora anarquista de un número indeterminado de grupos de afinidad insurreccionalista, siendo su finalidad la creación de un movimiento anarquista fuerte y coordinado que busca la radicalización de los conflictos».

La Operación Pandora se venía fraguando desde hace algún tiempo, es de notar que se nos relacione con estas personas ahora secuestradas y que se haga referencia asimismo a otras organizaciones anarquistas aunque de manera no explicita,  y es que bajo el sobrenombre de «movimiento anarquista coordinado» entra cualquiera, más aún si los supuestos GAC son una serie de grupos sin nombre y de número indeterminado. Para eso está su Ilustrisima y sus operaciones Pandora, para esparcir criminalizaciones gratuitas a cualquiera y determinar lo indeterminable.

Días antes de las detenciones la agencia Europa Press hacia circular esta noticia:

«España y Chile han acordado abrir una nueva vía de colaboración reforzada para luchar contra el terrorismo de corte anarquista y han subrayado la importancia de que exista un «activo intercambio de información» entre las Fuerzas de Seguridad de ambos países ante la vertiente transfronteriza que está adquiriendo la Federación Anarquista Ibérica».

Nosotros denunciamos:

Denunciamos publicamente a la agencia Europa Press por difundir difamaciones e injurias contra la FAI, aúnque ya sabemos que las leyes sólo son de obligado cumplimiento para los pobres y no para la agencia Europa Press,  vinculada históricamente con sectores reaccionarios de la iglesia,  el franquismo,  e «iniciativas sociales de la banca» basadas en la explotación laboral legalizada. Recordemos además que esta agencia ha sido cuestionada en ocasiones en base a la Sentencia 219/1992 del TC que declara que “la exigencia de una información veraz obliga a respetar el derecho de todos a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24.2 de la CE”.

Por otra parte,  no asumimos ni la culpa ni la condena que nos atribuya ningún juez ni ningún medio de comunicación de dudosa ética profesional.

Denunciamos publicamente que la Operación Pandora no es más que un burdo ataque al entorno libertario, que oculta los intereses electorales de un gobierno debilitado, y que se ha cobrado por orden del Ministro del Interior y en colaboración con la Audiencia Nacional,  los medios de propaganda afines al gobierno y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, la libertad de 7 personas, a quienes consideramos compañeras desde el mismo momento de su detención por el simple hecho de relacionarlas con nuestra organización en base a una serie de injurias y calumnias hacia la misma, y por servir el nombre de nuestra organizacion cómo  instrumento de represion del movimiento anarquista al servicio de los intereses del gobierno.

Grupo Acción Directa