La decisión del Gobierno de enviar al trabajo desde el pasado día 9 de abril a miles de trabajadores de actividades consideradas no esenciales responde a la presión del poder económico y financiero, que por un lado no quiere ver limitados sus beneficios y por otro no desea seguir pagando permisos retribuidos a sus trabajadores por el confinamiento forzoso. Sigue leyendo
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